MÉXICO Y MUNDO

Más de $420 mil millones, el costo de la impunidad en México cada año

Ciudad de México, octubre de 2019.- El estudio Costos de la impunidad, único documento en México que determina en términos económicos el impacto de la impunidad en el país, fue presentado por Alejandro Anaya y Patricia de Obeso, y elaborado bajo la coordinación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y Creatura, Critical Thinking Advocates. 
 
“El país atraviesa por una grave crisis de impunidad que erosiona aún más la confianza de los mexicanos en sus instituciones. Esta situación ha traído innumerables costos, varios de ellos irreparables y difíciles de cuantificar. Miles de vidas se han perdido, otro tanto de familias ha quedado marcada para siempre por la desaparición de uno o varios de sus miembros, y no se puede despreciar la pérdida del bienestar físico y psicológico de víctimas y sus familiares”, afirmó Patricia de Obeso, de Creatura, consultoría especializada en investigación, facilitación y documentación de procesos de incidencia para el cambio social.
Dijo que el estudio hace una estimación sobre del costo económico de la impunidad. “Acotamos los costos de la impunidad a aquellos relacionados con homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados durante la guerra contra el narcotráfico que inició en 2006”.
 
El estudio, indicó Patricia de Obeso, “arroja que a México le podría costar la impunidad 422,390 millones de pesos cada año (0.57 por ciento del PIB)”. Según estimaciones si existiera una efectividad institucional como en Costa Rica, para el 2030 el PIB del México podría ser de 3 puntos menos al actual. Si continuamos así, para el 2050 el costo ascendería a $8.7 billones de pesos una pérdida de 13% de crecimiento del PIB, que en un México con mayor capacidad institucional), aseguró. 
 
Anaya, dio a conocer que el aumento de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes relacionado con la guerra contra el narcotráfico provocó una caída de 0.62 por ciento del PIB anualmente. Adicionalmente, la tasa de crecimiento se contrajo en 0.25 puntos porcentuales cada año.
Asimismo, los asesinatos cometidos entre 2007 y 2018 (y que han florecido en un marco de impunidad) han provocado una pérdida económica al país de al menos 135 mil millones de pesos; lo cual podría provocar una severa baja en la tasa de crecimiento del PIB de hasta 12% hacia 2050. Pero la impunidad también genera costos por pérdida salarial de las personas desaparecidas, por búsqueda de personas, por costo de la esperanza de vida, por impacto a la actividad económica y por afectaciones al nivel educativo de los jóvenes mexicanos. 
 
El estudio, realizado por los investigadores Daniel Vázquez, Laura Rubio, Horacio Ortiz y Eva Arceo, señala que este flajelo es un problema público de la mayor importancia y urgencia, puesto que delitos, violaciones a los derechos humanos y faltas a la ley no son castigadas. Precisan en el documento que este problema se manifiesta a diario en la falta de denuncia de los delitos y por la ausencia de sanciones, así como en casos en que, tras una denuncia, no pasa nada. 
 
De Obeso y Anaya afirmaron que el estado con mayor índice de impunidad, en promedio para el periodo 2010-2016, es Guerrero con 97.5%; mientras que Baja California obtuvo el más bajo nivel de impunidad, con un promedio de 91.9% para el mismo periodo. La impunidad en México, en dicho periodo, varió entre 92% y 97.5%. 
 
La investigación determina que existe una clara correlación estadística entre la impunidad, la desaparición de personas y el desplazamiento forzado, es decir, que en la medida en que el aparato de justicia mexicano sea más eficiente y logre sancionar a más agresores, disminuirá el número de desapariciones y actos de desplazamiento forzado. 
 
El estudio destaca que la impunidad en México ya ha sido diagnosticada en cuanto a su dimensión y, en cierta medida, sus causas, pero lo que no se ha estudiado con el detenimiento necesario aún es lo relativo a los costos humanos, sociales y económicos que genera o propicia. Esta es la tarea que ha emprendido el proyecto Costos de la impunidad.